El tratamiento del proyecto impulsado por el oficialismo se inició esta semana en Diputados. El G6 -integrado por Adeba, BCBA, CAC, Camarco, SRA y la UIA- pidió que antes de debatir esa reforma se debe estabilizar las condiciones macroeconómicas, reducir el trabajo informal y promover el formal.

En medio de una oleada de proyectos que apura el Congreso antes de las elecciones generales de octubre -entre los que se destacan la reforma de Ganancias y la quita del IVA sobre alimentos- la Cámara de Diputados inició el tratamiento de unos siete proyectos para reducir la jornada laboral, que tensó el escaso vínculo entre el oficialismo y el sector empresario. “Pueden perjudicar seriamente a la generación de empleo formal en tiempos electorales”, alertó el G6.

El grupo está integrado por las principales cámaras empresarias del país, que suelen tener roces frecuentes con el Gobierno nacional y que advierten una intencionalidad electoral en la aceleración del tratamiento de este tipo de proyectos, que están en la Cámara baja hace años y que se reflotaron en el tramo final de la campaña.

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“Hoy, la Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador formal”, dijo.

Este martes, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputado inició el tratamiento de unos siete proyectos de reducción de jornada laboral, cinco que pertenecen a representantes del oficialismo, presentados por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza, y otros dos de la oposición, que son del socialista Enrique Estévez y de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

La puja por la jornada laboral en plena campaña

La intención del oficialismo es reducir la jornada laboral a 40 o 36 horas de trabajo semanales, desde las 48 actuales. La CGT ya se había pronunciado a favor, bajo el argumento de los beneficios de avanzar con esa legislación “como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital”.

Sin embargo, para el G6 -que conforman la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)- el efecto sería el contrario. “Los siete proyectos buscan intervenir en las negociaciones colectivas, herramienta clave en la relación entre empleadores y trabajadores”, alertaron.

Por eso, el grupo empresario pidió “no apresurar los debates de leyes que pueden perjudicar seriamente a la generación de empleo formal en tiempos electorales”. “La brecha de productividad y tecnológica que nos separa con los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia, donde otros países implementaron políticas y recursos muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global”, dijo el grupo empresario en un comunicado de prensa.

En ese contexto, consideró que “la Argentina debería: estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal (el cual prácticamente no crece desde 2012) y promover incentivos al empleo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo”.

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Como contrapartida al planteo del oficialismo y de la CGT, los empresarios remarcaron que “en los últimos años, algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas, sin embargo, lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes a las de nuestro país”.

Con todos esos argumentos, el G6 pidió que “estos debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y gobierno) como surge del compromiso que tenemos como país para con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita”. Acordó, además, “participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales dado el carácter federal del debate”.