Recesión en Argentina, la economía y sus vaivenes

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05/06/2024

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Deuda. Llaryora dio el primer paso para el cambio de estrategia

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05/06/2024

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Con la última licitación de $ 120 mil millones, la Provincia de Córdoba apunta a ir cambiando de dólares a pesos, poco a poco, la denominación del pasivo que tomaron De la Sota y Schiaretti.

La estrategia de financiamiento de los anteriores gobernadores de Córdoba, con Osvaldo Giordano timoneando la economía, pasaba por los grandes títulos en dólares que inyectaron un fuerte caudal de dinero duro listo para engrosar las cuentas, junto con el superávit primario.

Las administraciones de Juan Schiaretti y de José Manuel de la Sota se lanzaron, a su tiempo, a la búsqueda de grandes inversores con tentadores bonos internacionales que –luego– se fueron canjeando por otros con vencimientos a mayores plazos.

La idea, si se analiza desde el punto de vista del resultado en obra pública, funcionó. Se podrá discutir si todos los proyectos eran los que la Provincia realmente necesitaba (el Faro es el más emblemático), pero huelga decir que la mayoría de esos trabajos fueron clave para la alternancia de los dos caudillos del PJ en el Centro Cívico.

La oposición, por izquierda y por derecha, criticó siempre la estrategia de tener una deuda casi completamente dolarizada en un país con constante tensión cambiaria.

Más que marketing

“Eran otros tiempos, era otra la historia”. Con la frase de una vieja publicidad de Quilmes, un exfuncionario schiarettista describió la decisión de financiar al Estado provincial con bonos en dólares. “Había crisis, pero nada comparado con la situación que comenzó a verse en 2018, se agravó después de la pandemia y explotó ahora. Era la única forma para hacer esas obras viales, acueductos, gasoductos, y la relación baja de los vencimientos respecto de los ingresos siempre se mantuvo”, agregó.

Pero el contexto cambió y la idea del actual Ministerio de Economía y Gestión Pública que conduce Guillermo Acosta, que en el inicio de la gestión de Martín Llaryora era ir por un nuevo bono o por reperfilar los vencimientos de los títulos actuales, ahora apunta en otro sentido.

“Por ahora, vamos a ir por este camino, no está el mercado para otra cosa. Poco a poco, vamos a ir cambiando la denominación de la deuda, de dólares a pesos”, explicaron desde el Centro Cívico la semana pasada, horas después de haber garantizado la situación financiera provincial por, al menos, los próximos meses.

Fue tras conseguir $ 120 mil millones con un título en pesos a 36 meses ajustado por inflación. Como estaba previsto, inicialmente se hizo por un monto total de $ 80 mil millones, pero debido a la alta demanda, con órdenes recibidas por más de $ 220 mil millones, se amplió la emisión hasta los $ 120 mil millones. Los intereses serán pagados en forma semestral y el capital se amortizará en dos cuotas, la primera por el 25% en el mes 30 y el 75% restante al vencimiento.

En total, la Provincia espera colocar $ 350 mil millones en títulos (incluyendo los $ 120 mil millones ya licitados) y $ 150 mil millones más en letras. Para esto último, sólo resta conseguir algunos avales de la Nación que ya están avanzados.

Las letras fueron una herramienta muy habitual en la administración del sanfrancisqueño en la Ciudad de Córdoba, donde también lo acompañó Acosta en Economía. En la Provincia, aún no han usado esa carta, a pesar de haber hecho la reserva en el Presupuesto 2024. Será la alternativa que buscarán a la hora de cubrir necesidades de caja.

Objetivos

Con todo ese capital, equivalentes a unos U$S 552 millones (a precio oficial), Llaryora espera afrontar un discreto plan de obras y liberar presión para compensar la caída en la recaudación e ir pagando los vencimientos de los títulos en dólares de los próximos meses. “Los pagos de junio están absolutamente garantizados”, dijeron desde el Panal, confirmando que “de ningún modo” es intención de la Provincia reestructurar la deuda, lo que supone cambios de las condiciones para los tenedores, en plazos y tasas.

Si bien hasta febrero la probabilidad más alta era en colocar un nuevo título internacional; esa idea, al menos por ahora, está desactivada.

En 2024, Llaryora enfrenta vencimientos de intereses y de capital por U$S 488 millones. En junio debe pagar U$S 159,06 millones y en diciembre una cifra similar. En julio, en tanto, tiene un vencimiento de intereses de U$S 11,54 millones, y otro de U$S 15,68 millones.

El núcleo de la deuda de Córdoba está compuesta por cuatro bonos en dólares que suponen el 80% del pasivo en moneda extranjera. El resto son euros y dinares kuwaitíes tomados con organismos multilaterales para obras específicas, especialmente hospitales y acueductos.

Hasta antes del nuevo título en pesos, menos del 2% del pasivo estaba nominado en instrumentos atados a la moneda local.

Más allá del aumento en la coparticipación de mayo (algo coyuntural derivado del vencimiento de Ganancias para personas jurídicas), en el Panal están preocupados por la situación económica de los próximos meses. Según se sabe, Llaryora participó de una reunión de la que participaron los altos mandos de todos los ministerios y los responsables de las cajas chicas de cada uno. La directiva fue: “Que no nos pase lo de los autos de Seguridad, nada de compras de vehículos por estos días, van a bajar, sólo lo estrictamente necesario”.

Gustavo Weiss: «Entre 3.500 y 4.000 obras públicas están paralizadas y ya se perdieron más de 100.000 empleos»

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05/06/2024

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El sector de la construcción es uno de los más afectados por la recesión, a lo que se suma, la decisión oficial de no llevar a cabo obra pública. El titular de la CAMARCO ve positivo financiar la obra pública a través la participación privada, pero aclara que la experiencia internacional en aquellos países que más desarrollado tienen al sistema la participación privada no excede el 15% de la inversión total.

El recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto ”, afirmó Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción -CAMARCO- en un reportaje concedido a Ámbito.

El directivo planteó que se vive una situación de “desesperación ya que, en la casi la totalidad de los casos, las empresas no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre”. Estimó que son entre 3.500 y 4.000 las obras paralizadas, neutralizadas o suspendidas y que el sector perdió en los últimos meses más de 100.000 empleos.

Weiss afirmó que “estamos totalmente de acuerdo en la participación privada en el financiamiento de la infraestructura”, pero advirtió que la experiencia internacional indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. El restante 85% no es atractivo para los privados – aseveró – y por lo tanto está a cargo del Estado.

El presidente de CAMARCO también dijo que la actividad, en lo que concierne tanto a las obras públicas como privadas, siguió cayendo en abril y no se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones”.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Obra pública

Periodista: Los números del Tesoro muestran que en el primer trimestre del año los gastos de capital cayeron 87% en términos reales, en comparación con igual período de 2023. ¿Cómo está afectando este recorte a las empresas de la construcción? ¿Cuántas obras están paradas?

Gustavo Weiss : El recorte de fondos para la obra pública está generando efectos muy perjudiciales, no solo para las empresas constructoras en particular sino también para toda la industria proveedora de insumos y la economía en su conjunto.

En relación a la situación de las empresas constructoras en particular, la situación ha pasado de la incertidumbre a la desesperación ya que, en la casi totalidad de los casos, las empresas no cobran un peso desde el mes de octubre o noviembre, pagos que en el mejor de los casos corresponden a trabajos realizados en los meses de agosto y setiembre.

En cuanto a la cantidad de obras paralizadas, si bien es muy difícil para nosotros como Cámara conocer el número exacto, se cuenta con información en la plataforma Mapainversiones del ex – Ministerio de Obras Públicas (MOP) donde se visualizaba y mapeaba la ejecución de obras de los proyectos de inversión pública, donde a principios de diciembre del 2023, había 2.789 obras en ejecución. Y estas correspondían solo al MOP por lo que es una estimación de mínima.

Basándonos en esta información, calculamos que el universo de obras paralizadas, neutralizadas y suspendidas debe estar en el orden de entre las 3.500 y 4.000 obras, si proyectamos esta información del MOP al resto de las reparticiones públicas que ejecutan obras a todo lo largo y ancho del país.

Los números de la ejecución presupuestaria, ya finalizado prácticamente el primer cuatrimestre, reflejan el estado de situación en que se encuentran hoy las empresas constructoras que tienen contratos de obras de infraestructura, tanto económica como social, con el Estado Nacional.

En lo que va del presente ejercicio, ya finalizado el primer trimestre del ejercicio 2024, la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional refleja una caída real del 87%, donde las transferencias de capital a las provincias se redujeron en un 98,4% real interanual.

Despidos

P.: ¿Cuántos obreros están suspendidos?

G.W.: Finalizado el mes de marzo, estimamos que el sector ya perdió en los últimos meses, más de 100.000 empleos y a eso hay que agregarle todos aquellos que las empresas tienen suspendidos y que en los próximos meses, si esto continua así, van a pasar a engrosar la lista de despidos en las estadísticas.

Y cuando hablamos de que ya se perdieron 100.000 puestos de trabajo, estamos hablando solamente de obreros de la construcción, personal UOCRA. A eso hay que agregarle, la cantidad de gente que ya perdieron las empresas por tener que despedir empleados y cuadros técnicos costosísimos para las empresas, recursos humanos valiosísimos que nos costó años formar y que se hace imposible mantener al no cumplir el Estado Nacional con sus obligaciones de pago.

Pagos

P.: ¿Cómo ha sido la evolución de las cobranzas en lo que concierne a obra pública?

G.W.: Parte de esta pregunta es justamente lo que decía recién. La cobranza de la deuda es prácticamente nula.

P.: ¿A cuánto asciende la deuda?

G.W.: Si bien no contamos con información oficial y precisa sobre el stock de deuda acumulado, estimamos que la misma supera largamente los $300.000 millones.

Obras estratégicas

P.: Desde el Gobierno ha trascendido que se están priorizando obras estratégicas, como cárceles, seguridad vial o control de inundaciones. ¿Es así?

G.W.: Tenemos información que se han activado, en las últimas semanas, los procesos para poner en marcha la cárcel de Coronda que está con un alto grado de avance en su ejecución.

P.: Los gobernadores han señalado que tienen la intención de sostener la obra pública. ¿Cómo describiría la situación en el interior del país?

G.W.: La situación en el interior del país es muy preocupante. Son muchas las obras que el Estado Nacional tiene en ejecución en todas las provincias. La mayoría de ellas, obras por convenio entre la Nación y las provincias, con recursos de Nación, pero contratadas por las provincias, que hoy el gobierno pretende que estas últimas se hagan cargo, no solo de la continuidad y finalización de las obras, que se encuentran con distintos grados de avance, sino también de la deuda que tienen esos contratos.

La situación no es de fácil resolución porque la mayoría de las provincias no cuenta con los recursos necesarios para poner en marcha las obras

Corrupción

P.: El presidente sostuvo que cortó la obra pública porque “es un escándalo de corrupción”. ¿Qué reflexión le merece esa afirmación?

G.W.: La obra pública es un motor importante para la actividad económica del país, genera empleo directo e indirecto y estimula el crecimiento. Paralizarla, como está ocurriendo, afecta, no solo en el corto plazo a las empresas constructoras, los trabajadores involucrados y a toda la cadena de valor de la industria, que ya experimenta caídas del orden del 50% en el trimestre, sino que también va a traer graves consecuencias en el mediano y largo plazo al país.

Y esto es así porque si pensamos en el mediano y largo plazo, está claro que ni la Argentina ni ningún país del mundo puede pensar en crecer en forma sostenida y mucho menos alcanzar el desarrollo si no cuenta con la energía necesaria para producir, o con la infraestructura de caminos o puertos que permita sacar la producción de las fábricas a los centros de consumo o a los puertos para su exportación, Y lo mismo ocurre con la necesidad de viviendas, hospitales y escuelas para el cuidado de la salud y la educación de su gente, entre tantas cosas que podemos mencionar.

Nosotros estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción es crucial para la transparencia del sector y la confianza en cualquier gobierno, pero es necesario encontrar un equilibrio entre combatir la corrupción y no hacer la infraestructura que el país necesita para mantener la actividad económica, crecer y desarrollarse.

En este sentido, nuestra Institución cuenta con un Código de Ética, basado en las mejores prácticas de complience recomendadas mundialmente, que incluye normas de comportamiento ético para sus socios, un Canal de Denuncias y la instalación de un Consejo Asesor de Integridad, externo a la Institución e intensas actividades de capacitación de empresas socias en todas las delegaciones de la Cámara.

Impuestos

P.: Javier Milei también dijo que “es falso que la obra pública genere empleo porque usted la tiene que financiar con impuestos y esos impuestos retraen los ingresos del pagador de impuestos y hace que reduzca la demanda en otros bienes de la economía”. ¿Al respecto, cuál es su visión?

G.W.: Nuestra Cámara tiene como uno de sus cuatro ejes de acción institucional, la generación de conocimiento, eje que lleva adelante, desde hace casi 20 años, el Área de Pensamiento Estratégico, que estudió, entre muchas otras cosas, cuáles son las inversiones que el país necesita para crecer en forma sostenible y continuada, así como también el impacto económico de la inversión en construcción que esa inversión produciría en la actividad económica y el empleo.

Los resultados de esos estudios son elocuentes. Por cada peso invertido, el efecto total en la economía alcanza los $2,24, superando considerablemente las expectativas de inversión.

Por otra parte, este impulso en la actividad económica tiene un efecto significativo en el empleo, generando 1 puesto de trabajo adicional por cada puesto creado directamente.

Por último, en términos de recuperación fiscalel modelo de simulación revela un retorno de $45,8 por cada $100 invertidos en proyectos de construcción, destacando aún más la importancia económica de esta inversión.

Modelo chileno

P.: El presidente también dijo que avanzaría en un modelo a la chilena, es decir licitaciones y concesiones ¿Qué opinión le merece la intención oficial de llevar adelante el esquema de Participación Pública Privada? ¿Cómo debería implementarse? ¿Qué alcance podría tener?

G.W.: Estamos totalmente de acuerdo en la participación privada en el financiamiento de la infraestructura. Para ello es necesario una macroeconomía ordenada, baja inflación, acceso libre a divisas y seguridad jurídica, entre otras. No obstante, la experiencia internacional en aquellos países que más desarrollado tienen al sistema, nos indica que la participación privada no excede el 15% de la inversión total. El restante 85% no es atractivo para la inversión privada y por lo tanto está a cargo del Estado en sus tres niveles, Nacional, Provincial y Municipal.

P.: El último informe del INDEC muestra que en febrero la actividad global de la construcción cayó 24,6% interanual y el índice Construya muestra que en marzo la demanda de insumos disminuyó 40%¿De qué manera se podría revertir esta situación?

G.W.: Y agregaría que esta situación, que muestran las estadísticas del INDEC, no termina en febrero, ni mucho menos. En marzo y abril la actividad siguió cayendo.

Lo que sucede es que, el ajuste fiscal que produjo por un lado la paralización de todas las obras de infraestructura, vino acompañado de una fuerte reducción de ingresos en los sectores medios que son los que movilizan la obra privada.

Esto es lo que está mostrando el Índice Construya ya que por tratarse de un indicador que representa la demanda de insumos de este segmento de la población, la caída del poder adquisitivo del salario y el fuerte incremento del costo de construcción en dólares están afectando muy fuertemente también, la construcción privada de vivienda unifamiliar, la construcción desde el pozo y las remodelaciones y ampliaciones.

En la medida que los salarios no se recuperen y de alguna manera se estabilice el costo de la construcción en dólares, producto del brusco incremento – en dólares – de la gran mayoría de los insumos, creemos que no van a estar dadas las condiciones para que la situación se revierta. Y, obviamente, a esto hay que agregarle como condición necesaria, la existencia de una política de créditos hipotecarios acorde a la realidad económica social de las necesidades de nuestra sociedad, sin la cual la reactivación de la construcción privada no es sostenible en el tiempo.

P.: Precisamente, en el sector financiero se está hablando del crédito hipotecario. ¿Nota avances en este terreno?

G.W.: En los últimos días, hemos visto en los medios que algunas entidades bancarias están empezando a ofrecer los primeros créditos hipotecarios. Aplaudimos la iniciativa. Ojalá sigan apareciendo. Es un avance importante, aunque hoy por hoy la macro no acompañe, es imprescindible contar con este instrumento sin el cual el acceso a la vivienda está vedado para la gran mayoría de los argentinos.

P.: ¿Qué opina del leasing para viviendas? ¿Puede ser una solución para muchos inquilinos?

G.W.: Si bien el leasing inmobiliario existe y se encuentra regulado por la Ley 25.248, no es un instrumento que en la Argentina se utilice para acceder a la vivienda.

Casas cápsulas

P.: ¿Cómo ve el tema de las casas “capsulas” o las casas fabricadas con contenedores, o las unidades como las que fabrica Tesla o similares chinas?

G.W.: La innovación es un tema que para la Cámara es fundamental y es otro de los ejes en los que basa su acción institucional. A través de su espacio TIIC – Transformar e Innovar la Industria de la Construcción – la Cámara ha estado promoviendo la innovación mediante convocatorias de innovación abierta. Uno de los desafíos clave que se busca resolver es el problema de la vivienda, donde a lo largo de estos años se han presentado diversas soluciones innovadoras relacionados a este tema.

Las viviendas innovadoras, como las cápsulas o las fabricadas con contenedores, si bien pueden reducir los plazos de construcción y ofrecer soluciones más accesibles, consideramos que actualmente son tendencias poco consolidadas aún y con un impacto futuro que dependerá de la aceptación del mercado.

P.: ¿Cómo vislumbra las perspectivas para el sector, tanto en lo que hace a obra pública como privada?

G.W.: Siempre decimos que el constructor es por definición optimista, sino no podría dedicarse a esto. Hoy la visión del sector es muy negativa, más tal vez en lo que se refiere a la inversión en infraestructura, pero también de las empresas que se dedican a la obra privada que miran de reojo si infraestructura si o infraestructura no. No se vislumbra en el corto plazo una salida o mejora en las condiciones.

Costos y ajuste, un combo que llena de incertidumbre a la construcción

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05/06/2024

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Distintos actores del rubro admiten que la caída de la actividad roza el 40%. La fuerte suba de los precios de los insumos y la paralización de la obra pública, entre los factores que contribuyen a pintar un panorama preocupante.

Obra pública en era Milei: “se está privando al ciudadano de infraestructura imprescindible”

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05/06/2024

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Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, alertó por la caída del empleo en la construcción y el freno en las obras públicas que demandarán mayor inversión al momento de reactivarlas.

Pese a la enorme importancia que conlleva la construcción en general y la obra pública en particular, el sector no es ajeno a la debacle económica atraviesa el país, mientras que en el aspecto privado prevalece lo que ocurre con los demás sectores: caídas abruptas de la inversión y de venta de materiales. Como dato, el ultimo índice Construya mostró una caída interanual del 40%. En lo que corresponde a la inversión pública es necesario establecer dos escenarios muy diferentes. Uno a nivel nacional y otro a nivel provincial.

En función de desarrollar este tema en profundidad contactamos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, Horacio Berra quien analizó el escenario económico y político que afecta al sector.

A nivel nacional está totalmente frenado e inactivo ante una política cuyo diseño deja de lado la participación del Estado como inversor y entiende que todas las necesidades del usuario deben ser cubiertas por los privados. Se está trabajando en llevar soluciones que harán foco en los lugares en donde sea posible la participación privada, pero no hay negociaciones técnicas y/o económicas tendientes a solucionar verdaderamente el incumplimiento de los contratos en que ha incurrido el Estado en las obras en ejecución: las obras están prácticamente desfinanciadas porque la Nación adeuda certificados desde el inicio de la gestión y paralizadas por tal motivo, con todo lo que ello representa en términos de pérdidas de recursos, y fundamentalmente la imposibilidad de que los usuarios destinatarios puedan disfrutar de las mismas”, analizó Berra.

 

En relación a planes de inversión a corto, mediano o largo plazo remarcó: “en este punto, tenemos una diferencia, pero tampoco hay oficialmente una posición manifiesta porque entendemos que es virtuoso que el Estado pueda facilitar las inversiones privadas, pero entendemos que las mismas van a llegar una vez consolidado el Estado en términos de seguridad jurídica. Y además para hacer mención al modelo chileno tan en boga, no llegan al 10% del total de inversión, es decir, que el Estado además de regular, se hace cargo del 90 % restante”, dijo.

A nivel Córdoba, “la realidad es distinta”, considera el empresario. “El gobierno de Córdoba ha entendido hace mucho tiempo que invertir en infraestructura es apostar al crecimiento, desarrollo y competitividad. Aquí se están honrando los contratos vigentes y tenemos un vínculo con los diferentes estamentos municipales y provinciales en donde nos sentamos en mesas de trabajo para intentar desarrollar de manera conjunta un plan de prioridades tanto para el mantenimiento de la infraestructura existente como para las nuevas inversiones”, planteó Berra.

Y agregó: “en provincia y ciudad, se está avanzando en las obras en ejecución, y se ha generado un pequeño bache en las nuevas proyectadas a causa de una adecuación de presupuestos producto de la inflación; por lo que el llamado a licitación de estas obras es lo que estamos aun esperando”.

¿De cuánto fueron los incrementos en los costos de construcción?

-Difiere dependiendo de los materiales, pero para dar datos concretos de índices de nuestra Cámara, el crecimiento interanual del costo de construcción en el rubro materiales (Feb24 Vs Feb 23) es del 330 %. Para la DGEC de nuestra provincia, cuyo índice mide otras variables en términos de calidad el crecimiento para ese período es del 280%. Así que, entre esos parámetros, podemos ubicar una media anual.

 -¿Qué esperan para la segunda mitad del año?

-Para la segunda mitad del año esperamos que el proceso inflacionario tenga una caída, tal como se viene percibiendo actualmente.

-¿Qué está pasando con el empleo del sector?

-Lamentablemente, a nivel nacional, estamos hablando de la posibilidad de pérdida de miles de puestos de trabajo entre directos e indirectos. En lo que va del año, el número medido por IERIC para el último periodo del que tenemos datos (Ene 24 vs. Dic 23) es de una reducción del 5.6% en Nación. A nivel provincial, ese número baja un 40% llegando al 3,6 %. Si vamos a la medición interanual, esos números ascienden al 12% (45.000 personas) en Nación y al 9% (2.500 personas) en provincia; lo que demuestra una vez más que el mantenimiento de la política de inversión en nuestra provincia está haciendo diferencias también en el mantenimiento de los puestos de trabajo.

¿Y en adelante…?

-Estos números no representan aún la gravedad que puede tener la caída a partir de febrero en donde se va a empezar a sentir más el impacto de las medidas económicas a nivel nacional y en particular hacia nuestro sector.

-¿Cómo analiza los primeros meses de la gestión Milei?

-En lo general, totalmente de acuerdo con la necesidad de bajar la inflación y con la búsqueda del déficit cero. También es muy importante la intención de apoyar la inversión privada, que llegará en el momento que pueda demostrar que hay continuidad jurídica e institucional.

En lo que respecta a nuestro sector, y particularmente en lo que respecta a la inversión pública en infraestructura, social o económica, considero que el diseño que se está haciendo no es el correcto y será muy perjudicial mantenerlo hacia el futuro: el incumplimiento de los contratos generará reclamos que el Estado deberá afrontar a mediano plazo. En caso se decida, la reiniciación y puesta en valor de las obras paralizadas y vandalizadas generarán mayores costos a los previstos originariamente.

Los principales perjudicados seremos los usuarios en lo que respecta a los mantenimientos sencillos de rutas, escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, etc. que empiecen a tener problemas y que no puedan estar comprendidos en el paraguas de los inversores privados. O la provisión de servicios esenciales en lugares remotos. Ni hablar de la extensión de redes de comunicaciones, y tantas otras obras que hoy están en discusión.

Surgen muchas preguntas a las que con el diseño que se pregona de 100% de inversión privada no encuentro respuesta: ¿es posible la inexistencia del Estado en la regulación de este tipo de actividades? ¿O en las decisiones estratégicas en cuanto al desarrollo? ¿Pueden grupos de personas en lugares sin ningún tipo de recupero económico generar soluciones que les permitan llevar a cabo sus actividades normalmente? A mi criterio no. En definitiva, se está privando el acceso del ciudadano a mejoras de infraestructura necesarias e imprescindibles para la vida cotidiana.